La Policía Nacional no dispone de un sistema adecuado de control de almacenamiento, distribución, uso y custodia de bienes, suministros, materiales y dotación de armas, lo cual impide constatar las existencias en custodia de los rastrillos y las que son distribuidas a los uniformados.
Esta es una de las principales observaciones que hacen los auditores de la Contraloría General del Estado (CGE), en el examen especial a la utilización de los bienes públicos durante las jornadas de protesta del 30-S, de la Comandancia General de la Policía Nacional, por el período comprendido entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre pasados.
Examen especial
El informe borrador de este examen especial, al que tuvo acceso Diario La Hora, da cuenta de que los registros de P-4 (Oficial Administrativo) y rastrillo que se mantienen en las diferentes unidades y repartos policiales no están actualizados, se realizan manualmente, los saldos establecidos no son conciliados entre P-4 y la unidad de rastrillo, el movimiento de los bienes, suministros, materiales y dotación de armas no se sustentan con toda la documentación.
Igual se da cuenta que no se efectuaron constataciones físicas periódicas de las dotaciones entregadas a los integrantes de la Policía, situación que ocasionó que se desconozca si existen bienes perdidos, en mal estado o fuera de uso.
La dotación personal de cada policía comprende de: chaleco antibalas, un par de esposas, gas pimienta, tolete, pistola de 9 mm. y 50 balas, pero se comprobó que no todos los miembros poseen esta dotación en forma completa.
Las municiones
En lo relacionado a las municiones, a pesar de que la dotación es de 50 balas, especialmente en las ciudades de Guayaquil, Máchala y Portoviejo presentaron a la constatación sólo 35 municiones e informaron que a ellos les entregaron únicamente esa cantidad.
En otros casos, los policías presentaron una cantidad superior de balas a las entregadas oficialmente, argumentando que tenían en exceso, por cuanto recibieron munición para prácticas de tiro al blanco y aún no iban a los polígonos de tiro, o que fue adquirida personalmente en diferentes lugares de expendio del país para entrenarse y tener munición para enfrentar potenciales problemas.
Como consecuencia de esta investigación, los auditores de la Contraloría llegaron a la conclusión de que la ausencia de controles ha permitido que se pueda adquirir libremente municiones de diferentes características y que mientras está restringido el uso de armas, la venta de municiones es indiscriminada en el país.
Esta es una de las principales observaciones que hacen los auditores de la Contraloría General del Estado (CGE), en el examen especial a la utilización de los bienes públicos durante las jornadas de protesta del 30-S, de la Comandancia General de la Policía Nacional, por el período comprendido entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre pasados.
Examen especial
El informe borrador de este examen especial, al que tuvo acceso Diario La Hora, da cuenta de que los registros de P-4 (Oficial Administrativo) y rastrillo que se mantienen en las diferentes unidades y repartos policiales no están actualizados, se realizan manualmente, los saldos establecidos no son conciliados entre P-4 y la unidad de rastrillo, el movimiento de los bienes, suministros, materiales y dotación de armas no se sustentan con toda la documentación.
Igual se da cuenta que no se efectuaron constataciones físicas periódicas de las dotaciones entregadas a los integrantes de la Policía, situación que ocasionó que se desconozca si existen bienes perdidos, en mal estado o fuera de uso.
La dotación personal de cada policía comprende de: chaleco antibalas, un par de esposas, gas pimienta, tolete, pistola de 9 mm. y 50 balas, pero se comprobó que no todos los miembros poseen esta dotación en forma completa.
Las municiones
En lo relacionado a las municiones, a pesar de que la dotación es de 50 balas, especialmente en las ciudades de Guayaquil, Máchala y Portoviejo presentaron a la constatación sólo 35 municiones e informaron que a ellos les entregaron únicamente esa cantidad.
En otros casos, los policías presentaron una cantidad superior de balas a las entregadas oficialmente, argumentando que tenían en exceso, por cuanto recibieron munición para prácticas de tiro al blanco y aún no iban a los polígonos de tiro, o que fue adquirida personalmente en diferentes lugares de expendio del país para entrenarse y tener munición para enfrentar potenciales problemas.
Como consecuencia de esta investigación, los auditores de la Contraloría llegaron a la conclusión de que la ausencia de controles ha permitido que se pueda adquirir libremente municiones de diferentes características y que mientras está restringido el uso de armas, la venta de municiones es indiscriminada en el país.
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