jueves, 16 de diciembre de 2010

Suspensión de referéndum profundiza crisis universitaria

El juez Tercero de lo Civil y Mercantil de Esmeraldas, Ángel Moisés Pereira, ordenó ayer la suspensión del referéndum convocado por las autoridades de la Universidad Técnica ‘Luis Vargas Torres’, previsto para mañana viernes.

El Juez convocó a una audiencia a las partes involucradas en el conflicto para el próximo 22 de diciembre, porque el llamamiento a consulta carecería de sustentación jurídica.

La Acción de Protección fue interpuesta por el ex rector destituido del cargo, Luis Pacheco Luque, quien no está de acuerdo con el referéndum propuesto por al actual rector, Guillermo Mosquera Quintero, debido a que hay una acción legal en trámite.

Mosquera Quintero dijo ayer cerca del mediodía que no había sido notificado de esa resolución, pero que de haberla, solicitarán la revocatoria por existir suficiente jurisprudencia para que se realice la consulta mañana.

Incertidumbre
Tras la resolución, se desconoce si el referéndum se realizará mañana de acuerdo con lo programado por las autoridades de la Universidad que han convocado a los estamentos universitarios a que concurran a sufragar.

Los problema se suscitaron en el Alma Máter el pasado 11 de junio, una vez que la Jueza temporal, Mildre Quintero Andrade, dictara una providencia y sentencia destituyendo al Rector de ese entonces, Luis Pacheco Luque.

Ayer, el ex Rector contó con el respaldo de tres de cinco decanos de la Universidad Técnica ‘Luis Vargas Torres’, como el de la Facultad de Ingenierías y Tecnologías, Franklin Reina, quien criticó la resolución de la Jueza.

En eso se ratificó el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Estudios de Desarrollo, Carlos Camacho; de la Facultad de Agropecuaria, Alfredo Lajones Bone y el subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Marlon Gruezo Vivar los que llamaron a la unidad de todos; profesores, trabajadores y estudiantes.

ESPERAN RESOLUCIÓN

El ex Rector está esperando un pronunciamiento de la Corte Constitucional donde se tramita un recurso extraordinario de protección para dejar sin efecto su destitución, por considerarla como ilegal.

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